Jardinero brutalmente golpeado por agentes migratorios en California.
Una nueva polémica ha estallado tras la publicación de videos virales que muestran la violenta detención de Narciso Barranco, un jardinero mexicano de 48 años, capturada por agentes de inmigración en Santa Ana mientras trabajaba podando arbustos frente a un restaurante IHOP.
Familiares y testigos aseguran que Barranco no representaba ninguna amenaza: no tiene antecedentes penales, llevaba consigo su herramienta de trabajo y nunca se identificaron los agentes ni mostraron una orden judicial. Los videos lo muestran huyendo brevemente, siendo reducido y golpeado repetidamente en la cara y cabeza mientras gritaba de dolor. Las imágenes reflejan un uso excesivo de la fuerza, apuntado por múltiples fuentes.
Declaraciones contrastantes
Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirman que Barranco se resistió a la detención y que, supuestamente, blandió una desmalezadora (weed wacker) en la cara de un agente mientras corría por una intersección, obligando a los agentes a responder según su protocolo de seguridad.
Por su parte, su hijo Alejandro, veterano del Cuerpo de Marines de EE.UU., desmintió la versión oficial. Expresó sentirse traicionado por su país luego de ver cómo golpeaban a su padre, un hombre de baja estatura y complexión ligera rodeado por varios agentes más corpulentos. Afirmó que la detención ocurrió sin justificación y con un claro perfil racial.
La ciudad de Santa Ana y organizaciones pro-inmigrantes condenaron el incidente. El concejal Johnathan Hernandez pidió una investigación sobre el uso de fuerza excesiva. Activistas advierten que casos como este generan terror en comunidades latinas enteras, incluso entre ciudadanos estadounidenses que conocen a personas afectadas directamente.
Estado actual del caso
Barranco pasó casi tres semanas en una celda con condiciones insalubres, sin acceso adecuado a comida, agua o atención médica. Fue liberado bajo una fianza de 3 000 dólares, pagada con donaciones ciudadanas. Su familia ha iniciado el proceso de Parole in Place, amparándose en que su esposa es ciudadana estadounidense y sus tres hijos han servido en las fuerzas armadas. Sin embargo, debido a su entrada irregular al país, el camino hacia la regularización legal sigue siendo incierto.
