Sacerdote 17 años prófugo, por acusaciones de violencia sexual.
A 17 años de que se emitiera una orden de captura internacional, un sacerdote católico acusado de abusar sexualmente de al menos 30 menores en un internado de Bolivia continúa prófugo de la justicia. El caso, considerado uno de los más graves escándalos de abuso clerical en el país, ha reavivado el reclamo de justicia por parte de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El exsacerdote uruguayo Juan José Santana Trinidad, de 36 años, al momento de los hechos, ha evadido la justicia terrenal durante casi dos décadas después de ser denunciado por cometer abusos sexuales, ejercía funciones pastorales y educativas en un internado rural en el departamento de Cochabamba entre 1998 y 2006. Fue en ese periodo cuando, según los testimonios recopilados por la Fiscalía y organizaciones de víctimas, se habrían cometido los abusos sistemáticos.
Encubrimiento y silencio institucional
Diversos informes apuntan a que la Iglesia Católica boliviana habría tenido conocimiento de las denuncias desde principios de los años 2000, pero no actuó de manera inmediata ni denunció los hechos ante las autoridades. En lugar de ello, el sacerdote fue transferido en varias ocasiones a otras parroquias dentro del país, hasta que finalmente desapareció en 2007, poco antes de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.
Para cuando el escándalo salió a la luz pública, Santana Trinidad ya había abandonado Bolivia y, a pesar de haberse emitido un exhorto internacional a través de Interpol, nunca fue capturado. En mayo de 2008, la justicia boliviana lo declaró oficialmente en rebeldía y, posteriormente, en 2011, la Iglesia Católica formalizó su expulsión del sacerdocio. Sin embargo, su detención nunca se concretó.
En una entrevista más reciente data de agosto de 2025, cuando El País de Uruguay volvió a establecer contacto con él; en esa oportunidad, el exreligioso volvió a esquivar el tema declarando: «Prefiero no decir nada… es muy difícil y doloroso«.
Las asociaciones de víctimas bolivianas continúan exigiendo que Uruguay haga efectivo el pedido de extradición del acusado. Por su parte, las autoridades de Cochabamba han reiterado en múltiples ocasiones la urgencia de que el exsacerdote comparezca ante los tribunales bolivianos, pero el caso parece estancado en un complejo limbo diplomático y legal, según reporta El Deber.
