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Europa enfrenta críticas por el aumento de violaciones a los derechos de refugiados y migrantes.

La Unión Europea (UE) está bajo creciente escrutinio tras múltiples informes que evidencian un incremento en las violaciones de derechos humanos contra refugiados y migrantes en sus fronteras. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han denunciado prácticas que van desde devoluciones ilegales («pushbacks») hasta condiciones inhumanas en centros de detención.

Los informes más recientes destacan incidentes en países como Grecia, Hungría, Polonia, Italia y España, donde se han documentado casos de expulsiones forzadas, uso excesivo de la fuerza, denegación del acceso al asilo y separación de familias. «Lo que estamos viendo es una política sistemática de disuasión que ignora las obligaciones internacionales de protección», declaró Marie Struthers, directora regional de Amnistía Internacional.

En la frontera entre Grecia y Turquía, refugiados afirman haber sido golpeados, desnudados y abandonados en condiciones peligrosas después de ser interceptados por fuerzas fronterizas. En Polonia, organizaciones locales reportan restricciones al acceso de ayuda humanitaria en la zona fronteriza con Bielorrusia, dejando a cientos de personas atrapadas sin comida ni refugio.

El Parlamento Europeo ha expresado preocupación, pero las acciones concretas para sancionar a los Estados miembros implicados siguen siendo limitadas. Mientras tanto, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) también ha sido acusada de complicidad en algunas de estas prácticas, lo que ha generado llamados a una mayor supervisión.

«Europa está enfrentando una crisis de valores», advirtió Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. «Proteger las fronteras no puede significar violar sistemáticamente los derechos humanos».

El endurecimiento de las políticas migratorias ha coincidido con un aumento de los discursos nacionalistas y antiinmigración en varios países europeos. Expertos advierten que esta tendencia podría continuar si no se adoptan políticas basadas en el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional.

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