Donald Trump acusa a la Universidad de Harvard de ser una “amenaza para la democracia”.
El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, acusó este jueves a la Universidad de Harvard de ser una “amenaza para la democracia”, además de una institución “antisemita” y de “extrema izquierda” en una publicación de su red social Truth Social.
En un comunicado, Trump criticó a la institución por permitir la presencia de oradores que, según él, promueven ideologías que socavan los valores democráticos fundamentales. “Harvard se ha convertido en un refugio para aquellos que buscan destruir los principios que han hecho grande a nuestra nación”, afirmó el mandatario.
La declaración de Trump se produce después de que un grupo de estudiantes de Harvard organizara una protesta en la que se interrumpió un discurso de un conocido comentarista conservador. Aunque la universidad defendió el derecho de los estudiantes a expresarse, Trump argumentó que este tipo de incidentes reflejan una tendencia más amplia hacia la censura y la intolerancia en las instituciones académicas.
«Las universidades deben ser espacios donde se fomente el debate abierto y el intercambio de ideas, no donde se silencie a aquellos con opiniones disidentes», añadió Trump en su comunicado.
La acusación ha generado una respuesta mixta. Mientras que algunos líderes republicanos han respaldado las críticas de Trump, muchos académicos y defensores de la libertad de expresión han defendido a Harvard, argumentando que la universidad está comprometida con la promoción de un entorno de aprendizaje inclusivo y respetuoso.
La controversia pone de manifiesto las crecientes tensiones en torno a la libertad de expresión en las instituciones educativas estadounidenses, un tema que continúa siendo objeto de debate en todo el país.
La universidad se enfrenta a la congelación de fondos por valor de US$ 2.200 millones para la entidad y la amenaza de que le retiren la exención de impuestos de la que goza; además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones y exigió un registro de “actividades ilegales y violentas” de estudiantes internacionales.
