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Costa Rica: De la Paz a la Violencia.

Durante décadas, Costa Rica fue reconocida como un oasis de estabilidad en Centroamérica: sin ejército, con instituciones sólidas y altos índices de desarrollo humano. Sin embargo, en los últimos años, la imagen del “país de la paz” se ha visto ensombrecida por una creciente ola de violencia, ligada principalmente al narcotráfico, el crimen organizado y la debilidad del aparato judicial.

En 2023, el país alcanzó un récord histórico con más de 900 homicidios, y las cifras continúan aumentando en 2025. Las balaceras a plena luz del día, los asesinatos por encargo y los ajustes de cuentas se han vuelto parte del panorama cotidiano en barrios que antes eran tranquilos.

Un cambio alarmante

Expertos coinciden en que Costa Rica se enfrenta a una transformación profunda en su perfil de seguridad. “Ya no somos solo una ruta del narcotráfico, ahora también somos un mercado”, advirtió un oficial de la Policía de Control de Drogas bajo condición de anonimato.

Las bandas criminales, tanto nacionales como internacionales, se disputan territorios para la venta de drogas, lo que ha provocado un aumento significativo de la violencia en zonas urbanas como Limón, Puntarenas, Desamparados y algunos distritos de San José.

Sistema judicial colapsado y cárceles saturadas

Mientras el crimen se expande, las autoridades enfrentan serias limitaciones. Fiscales denuncian falta de recursos, la policía judicial opera con personal reducido, y las cárceles del país están al borde del colapso.

“La impunidad es parte del problema. Hay una desconexión entre el aumento de crímenes y la capacidad del Estado para procesarlos”, explica la criminóloga Carla Rodríguez.

Impacto social y percepción ciudadana

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La inseguridad ha comenzado a impactar el tejido social costarricense. Comerciantes reportan pérdidas por extorsiones, familias han cambiado de residencia por temor, y la percepción de seguridad pública ha caído drásticamente. Según una encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el 65% de los costarricenses considera que la inseguridad es el principal problema del país, por encima del desempleo y la corrupción.

Respuesta del gobierno

El presidente Rodrigo Chaves ha anunciado operativos especiales, reformas legales y una “lucha frontal contra las mafias”, aunque críticos cuestionan la efectividad real de estas medidas y alertan sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Costa Rica se encuentra en una encrucijada: recuperar su legado de paz o ceder ante el avance del crimen organizado.

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